Audiencia de impugnación: rechazan pedido de sobreseimiento en el caso Lucía Rubiño

Escrito por Redacción SJN

25 Jul

El querellante de la familia Rubiño solicitó revocar el fallo que benefició a Juan Pablo Echegaray, en una audiencia presidida por el juez Eduardo Raed. La defensa y la fiscalía habían solicitado el sobreseimiento.

Este viernes, se realizó la audiencia de impugnación en el marco de la causa judicial por el fallecimiento de Lucía Rubiño, donde el abogado querellante, Marcelo Fernández, solicitó revocar el sobreseimiento otorgado previamente a Juan Pablo Echegaray, quien había sido imputado por homicidio culposo en relación con el siniestro vial.

La instancia fue dirigida por el juez Eduardo Raed, designado recientemente tras un proceso que implicó la excusación de seis magistrados anteriores, en cumplimiento del artículo 96 de la Ley Procesal Penal, que establece la necesidad de mantener la imparcialidad en causas judiciales.

Durante la audiencia, Fernández –en representación de la familia Rubiño– rechazó en su totalidad el fallo anterior que había beneficiado a Echegaray, sosteniendo que la responsabilidad en el siniestro aún debe ser debidamente evaluada.

Por su parte, el fiscal Iván Grassi mantuvo su posición de solicitar el sobreseimiento, argumentando que las pericias realizadas por expertos del Ministerio Público de Mendoza no ofrecían elementos suficientes para sostener la acusación penal. Esta postura fue acompañada por la defensa de Echegaray, encabezada por el abogado Joaquín Moine, quien también pidió el sobreseimiento.

Este caso tuvo un recorrido particular en la etapa de impugnación. Seis jueces se excusaron previamente de intervenir, ya sea por haber emitido opinión anteriormente o por vínculos con las partes involucradas. Esta decisión fue tomada en función de asegurar la garantía del «juez imparcial», un principio esencial en el proceso judicial.

El juez Raed, al asumir, garantizó la continuidad del procedimiento, que sigue en curso con el objetivo de evaluar todas las pruebas y asegurar una resolución ajustada al derecho.

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