En entrevista con Canal 4, Roberto Ferrero, vicepresidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), se refirió al «cargo único municipal», tema que ha generado debate debido a la acción judicial iniciada por varios intendentes de la provincia. Los municipios han presentado demandas para declarar la inconstitucionalidad de la resolución 267, que establece el cobro de un cargo adicional dentro de la factura de electricidad, en conceptos que no están directamente relacionados con el servicio eléctrico.

Ferrero explicó que, en el caso de San Juan, la situación es distinta a la de otras provincias, como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, donde se incluyen en las facturas de electricidad ítems ajenos al servicio, como el financiamiento de mutuales o clubes. En San Juan, el cargo único municipal tiene un objetivo claro y legítimo: cubrir los costos de consumo eléctrico de las lámparas de alumbrado público y los edificios municipales. «El cargo se destina exclusivamente a esos fines. Es importante recordar que el alumbrado público es fundamental para la seguridad vial y la vida cotidiana de los ciudadanos, y los municipios necesitan recursos para ofrecer este servicio», destacó Ferrero.

El impacto del tope al cargo único municipal
Ferrero aclaró que, en respuesta a las inquietudes sobre posibles cobros excesivos, el gobierno provincial estableció, mediante un decreto emitido en agosto de este año, un «tope» al cargo único municipal. Este tope se vincula directamente con los costos asociados al consumo de electricidad para el alumbrado público y los edificios municipales, evitando que los municipios recauden más de lo necesario para cubrir estos gastos. «Con el decreto, los municipios no pueden utilizar el cargo como una fuente de recaudación adicional. De hecho, si se hubiera seguido con la misma estructura de cobro sin el tope, algunos municipios habrían recaudado un exceso de hasta 5.200 millones de pesos anuales», indicó el vicepresidente del EPRE.

El análisis realizado por el EPRE reveló que 11 de los 19 municipios de la provincia habrían superado este límite sin la implementación del tope, y que, en algunos casos, el cargo se reduciría hasta un 30%. Esto subraya la importancia de la medida para evitar cobros desmedidos que no se justifiquen por los costos del servicio.

Posibles alternativas en caso de eliminación del cargo
Respecto a un escenario hipotético en el que se eliminara el cargo único municipal, Ferrero explicó que no está en discusión la necesidad de financiar el servicio de alumbrado público. «El reclamo tiene que ver con que lo que se pague sea lo que realmente se gasta. Nadie está cuestionando la necesidad de financiar el alumbrado público, que es esencial para la seguridad y el bienestar de la comunidad», dijo. En este sentido, aclaró que, en caso de eliminarse el cargo dentro de la factura de electricidad, los municipios tendrían que encontrar otras maneras de financiar este servicio, siempre respetando los principios de transparencia y eficiencia.

Acciones judiciales y postura del EPRE
En cuanto a las demandas judiciales presentadas por los intendentes, Ferrero indicó que estas acciones buscan declarar la inconstitucionalidad de la resolución 267, que regula el cobro del cargo. «Habrá que ver qué resuelve la justicia, pero nuestra postura como autoridad regulatoria es asegurarnos de que lo que se cobra en la factura de electricidad corresponda estrictamente a los costos de prestación del servicio eléctrico», afirmó.

También mencionó que, hasta el momento, no se ha aplicado ninguna multa a las distribuidoras por este tema, aunque las empresas han sido intimadas y están respondiendo a las demandas judiciales. Ferrero subrayó que aún no se ha dado lugar a ninguna sanción, ya que la cuestión está en proceso judicial.

Revisión tarifaria y subsidios
Sobre la próxima reunión para la revisión tarifaria, que se llevará a cabo el martes 17 de diciembre, Ferrero adelantó que las distribuidoras presentarán sus solicitudes y fundamentos para las tarifas del primer semestre de 2025. «En función de lo que se discuta en la audiencia, el EPRE emitirá una resolución estableciendo un escenario de precios para el primer semestre del 2025», explicó.

En relación a los subsidios, el vicepresidente del EPRE informó que los cargos nacionales han sido congelados hasta febrero de 2025, y que no se prevé un incremento en esos valores. Además, destacó que el gobierno nacional ha establecido un consumo base de 350 kWh para los usuarios de menores ingresos y 250 kWh para los de medianos ingresos, con subsidios que se mantendrán hasta mayo de 2024.

La situación en San Juan
Ferrero también señaló que el clima cálido de San Juan justifica un consumo eléctrico mayor en comparación con otras provincias. «Estamos a la espera de que la Secretaría de Energía de la Nación considere nuestra solicitud para elevar los límites de consumo subsidiado, ya que en nuestra provincia el consumo eléctrico está directamente vinculado a las altas temperaturas», explicó. El EPRE continuará trabajando para asegurar que los usuarios de la provincia no se vean afectados por limitaciones excesivas en los subsidios.