Escrito por Redacción SJN
4 Dic
El Gobierno nacional, a través del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), confirmó un aumento del 3% en las tarifas de transporte y distribución de gas natural. La medida, publicada en el Boletín Oficial, se implementará en diciembre en el marco de la emergencia energética, vigente hasta el 9 de julio de 2025.
Detalles del ajuste tarifario
Este aumento forma parte del proceso de revisión tarifaria transitoria, que permite adecuaciones en las tarifas para garantizar la prestación continua y normal del servicio público. Según el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 55/23, el interventor del ente regulador, Carlos Casares, tiene la facultad de aprobar ajustes temporales mientras se desarrolla una revisión tarifaria integral.
El ministro de Economía, Luis Caputo, argumentó que esta actualización busca mantener los valores del sector energético constantes en términos reales, evitando un deterioro que pueda comprometer su sostenibilidad.
Esquema de subsidios y usuarios residenciales
El aumento también considera el esquema vigente de subsidios:
- Los usuarios Residenciales Nivel 2 y Nivel 3 continuarán recibiendo bonificaciones específicas.
- Se mantendrá el límite de consumo por categoría para determinar los valores diferenciados, según lo establece el Decreto 465/24.
Distribuidoras y transportadoras alcanzadas por la medida
El ajuste tarifario impactará a las principales empresas distribuidoras de gas del país, entre ellas:
- Naturgy Noa, Distribuidora de Gas del Centro, Distribuidora de Gas Cuyana, Litoral Gas, Metrogas, Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur.
En el segmento de transporte, se aplicará a:
- Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur, Refinería del Norte, Gasoducto Nor Andino Argentina, Energía Argentina y otras.
Periodo de transición energética
El ajuste coincide con la extensión del periodo de transición energética por seis meses, lo que incluye la continuidad del actual esquema de subsidios hasta mayo de 2025, mientras el Gobierno trabaja en el diseño de un modelo renovado para el sector.
Esta medida, según las autoridades, busca un equilibrio entre la actualización de tarifas y la protección de los usuarios más vulnerables, garantizando el desarrollo sostenible del sistema energético nacional.
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