Se trata de armas provenientes de delitos o que carecen de documentación legal.

En una reciente resolución, la Sala Tercera de la Corte de Justicia de San Juan ordenó la entrega de 366 armas de fuego a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) con el objetivo de que sean destruidas de manera definitiva. Esta medida se enmarca en el cumplimiento de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 25.938 y la Ley Provincial N° 7.799, que regulan el manejo de armas secuestradas y su posterior disposición.

El proceso comenzó con un relevamiento exhaustivo y la catalogación de las armas secuestradas, muchas de ellas provenientes de delitos o sin documentación legal que acreditara su propiedad. La coordinación de este procedimiento estuvo a cargo de la Oficina Judicial Penal y la división San Juan de la ANMaC, contando con el apoyo de la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

En cuanto a la logística de esta operación, participaron la Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional, quienes garantizaron la seguridad en el traslado de las armas hacia Buenos Aires, donde serán destruidas bajo estrictos controles. Este paso asegura que dichos materiales no podrán ser reutilizados ni representarán un riesgo para la seguridad pública.